Al borde del quiebre: Nadie habla de las violaciones de derechos humanos en Guatemala

En el 2020, la ONG de derechos humanos Global Witness nombró a Guatemala como uno de los cinco países más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente. Al menos ochenta personas fueron asesinadas entre 2012 y 2021. Otros cientos de activistas guatemaltecos se enfrentaron cada año a ataques no letales. La mayoría de estos ataques fueron perpetrados por empresas extractivas y el Estado guatemalteco, que en repetidas ocasiones han llamado a los defensores de la tierra y el medio ambiente “terroristas, delincuentes y asesinos.” 

A puertas de la primera vuelta de las elecciones nacionales, la situación ha llegado a un punto de crisis. Los defensores de Guatemala ya no pueden hablar o protestar libremente en su país. 

Para entender mejor la situación, Land Rights Now se reunió con Leocadio Juracán, defensor de la tierra y activista político del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y de la Coalición Nacional por la Tierra de Guatemala. Juracán y sus colegas se esfuerzan por “promover la participación democrática en diversos sectores” para garantizar una representación equitativa entre las personas que “han experimentado la mayoría de las consecuencias de la política estatal, la situación social y económica, y el desarrollo rural y la agricultura en [Guatemala]”. La corrupción generalizada en todos los niveles del gobierno y de las instituciones públicas de Guatemala ha hecho que las cuestiones relacionadas con la tierra y el medio ambiente estén ausentes de la política nacional.

El silencio político sobre el tema de los derechos territoriales tiene un costo alto para las comunidades indígenas y campesinas de Guatemala. Estas comunidades viven en carne propia las violaciones de derechos humanos; una realidad que se refleja en la adopción de medidas cautelares para garantizar la vida y la integridad física de los grupos indígenas guatemaltecos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas medidas, señala Juracán, ponen de manifiesto la “obligación [del Estado] de reparar los daños que han causado a la educación, al sistema de salud comunitario, a la cultura, a los derechos humanos y al derecho a la alimentación”. Es un asunto de derechos humanos, declara. “Somos testigos de la corrupción. Somos testigos de cómo ha aumentado la represión y la criminalización en Guatemala.” 

Juracán cree que organizaciones indígenas y campesinas como el CCDA y la Coalición Nacional por la Tierra pueden ayudar a los ciudadanos a comprender la gravedad de su voto. Un voto responsable, según Juracán, es aquel que respalda a candidatos que buscan transformar los sistemas opresivos que alimentan una crisis de desalojos, violencia y pobreza en la Guatemala rural. “Es importante que los guatemaltecos participen y se den cuenta de quiénes son los candidatos que responden a sus propios intereses y quiénes son los candidatos que actúan en interés del pueblo”, afirma Leocadio. 

A pesar de los riesgos del activismo, Leocadio y sus colegas ven las próximas elecciones nacionales como un punto de inflexión para el futuro de la democracia y la justicia medioambiental. “Es un tema muy importante al que la comunidad internacional debe prestar atención porque las luchas del movimiento campesino e indígena repercuten en la vida de toda la humanidad”. proclama Juracán. “A través de megaproyectos [el agronegocio y el gobierno] buscan seguir generando riqueza destruyendo el medio ambiente, la vida de la humanidad y están contribuyendo al calentamiento global”. Leocadio afirma que ya es hora de tomar medidas al respecto. “El gobierno guatemalteco debe dejar de violar los derechos humanos. Y debe abordar con seriedad los problemas estructurales: el tema del desarrollo, la seguridad y soberanía alimentaria, la inversión en el campo. Las organizaciones campesinas tienen propuestas serias, propuestas que resolverían los problemas agrarios. Los desalojos sólo perjudican a las comunidades rurales y las empobrecen. Necesitamos garantías para nuestros derechos humanos, ahora!”.