El pueblo Shuar Arutam (PSHA) ha dicho NO a la minería a gran escala en su territorio.  Actualmente un 56% del territorio del PSHA está concesionado a más de diez empresas y al menos cuatro proyectos están operando sin que hubiera un proceso de consulta de consentimiento previo, libre e informado con las comunidades locales.

Con más de 12 mil habitantes, distribuidos en seis Asociaciones y 47 comunidades, el pueblo Shuar Arutam (PSHA) se encuentra en la Cordillera del Cóndor, sureste de la Amazonía ecuatoriana limítrofe con el Perú. Es un pueblo ancestral cuyo Territorio de Vida abarca más de 230 mil hectáreas. 

En el 2019 eligieron por primera vez a una mujer shuar como su presidenta, Josefina Tunki, quien, junto a los demás integrantes del Consejo de Gobierno, ponen en marcha su Plan de Vida en una de las zonas más biodiversas del Ecuador. En esta zonas habitan Arutam (gran energía de poder y sabiduría), Nunkui, Tsunki, Etsa y otros espíritus del bosque que sustentan la cultura Shuar.

Una alianza entre el Estado y las empresas intenta dividir a la población shuar a través de un relacionamiento directo con dos comunidades. Una de las empresas, Solaris Resources Inc., asegura haber desarrollado un modelo exitoso de consulta para legitimar así su presencia y su accionar.

Con ello la empresa está irrespetando las instancias de gobierno propio del PSHA y sus mecanismos de decisión. Esto sin mencionar que el Estado ecuatoriano reconoce los derechos colectivos y se identifica como plurinacional e intercultural en su Constitución. 

“La minería en un ecosistema tan frágil  como la Cordillera del Cóndor, generaría impactos también en el territorio de la Nación Wampis, en Perú, con quienes les une la misma raíz cultural y juntos poseen un territorio de aproximadamente un millón y medio de hectáreas en la alta Amazonía, donde, a través de sus gobiernos propios, defienden su derecho al autogobierno y autodeterminación. “

Las mineras ya han dejado huellas de violencia ambiental y sociocultural en el territorio. En el 2016, hubo una incursión militar para desalojar a familias de la comunidad Nankints, donde se asienta el proyecto minero Panantza-San Carlos (hoy paralizado) a cargo de la empresa EXSA. 

La militarización del territorio, criminalización a los dirigentes y desplazamiento de varias familias generó miedo en la población que huyó a refugiarse en otras comunidades con sus hijas, hijos y personas ancianas a cuestas. Varios dirigentes fueron apresados y otros tuvieron que mantenerse en la clandestinidad frente a las acusaciones infundadas de terrorismo que les hicieron.. 

El Estado otorgó concesiones mineras en un territorio que forma parte del Programa SocioBosque, cuyos incentivos económicos para la conservación han sido detenidos desde que el PSHA ratificó su negación a la minería a gran escala. Ante ello, el presente Consejo de Gobierno, encabezado por Josefina Tunki, y apegado a su Plan de Vida, ha evidenciando el acoso económico del Estado al PSHA. 

La empresa minera, en complicidad con el Estado ecuatoriano, han vulnerado los Derechos Colectivos reconocidos internacionalmente. Entre ellos se encuentran el derecho a la consulta y consentimiento previa, libre e informada. Por ello, el pasado 23 de noviembre, el PSHA anunció la reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo por incumplimiento por parte del Estado del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por Ecuador en 1998. 

Además de lo anterior, en contexto de pandemia, el PSHA denunció contagios en su territorio manifestados después que la empresa Lowell llevó a 7 miembros shuar a una cumbre minera en Canadá, y ha exigido atención de salud estatal coordinada con la organización. La respuesta estatal fue alineamiento con las mineras. 

Actualmente el Consejo de Gobierno del PSHA teme por su seguridad debido a los varios signos de hostigamiento y amenazas. Sin embargo, se mantienen firmes en su determinación a seguir su Plan de Vida y en el rechazo absoluto de la minería a gran escala en sus territorios. 

Este articulo fue redactado por El Pueblo Shuar Arutam, Fundación ALDEA,  Lluvia Comunicaciones y  Consorcio TICCA.